Estas situaciones son un claro ejemplo de cómo las personas con VIH no disfrutamos de los mismos derechos que el resto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 12 que “todas las personas tienen derecho al más alto nivel posible de salud física, mediante (entre otras cosas) el acceso a terapias de prevención y tratamiento de enfermedades”.

Asimismo, el artículo 13 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de movimiento”, es decir, a circular libremente y elegir su lugar de residencia. Impedir viajar, trabajar o residir por tener VIH es una forma de discriminación institucionalizada.

En el terreno más práctico, la reducción de la financiación de programas de prevención y de respuesta a la epidemia del VIH a nivel global provocará millones de muertes y de nuevas infecciones.

Aún en 2025, casi 50 países imponen restricciones de entrada, residencia o trabajo a personas que tenemos VIH. Como, por ejemplo, Canadá y Australia. Organismos internacionales como ONUSIDA y la OMS han declarado repetidamente que no existe ninguna justificación de salud pública para aplicar restricciones de movimiento a las personas con VIH.

Nuestro objetivo es claro: vivir en una realidad en la que el VIH no sea motivo de discriminación, exclusión o restricción a la libre movilidad; y donde todas las personas tengamos garantizado el acceso universal, sostenible y equitativo a los tratamientos antirretrovirales, independientemente del lugar en el que vivamos o de nuestra situación económica.

Esto debe alcanzarse mediante la construcción de sistemas de salud sólidos, sostenibles, globalmente interconectados y capaces de garantizar la continuidad de los tratamientos. Es necesario un sistema global que asuma, de manera compartida, la obligación de proteger la salud de todas las personas que tenemos VIH, asegurando medicamentos, atención integral y políticas públicas que promuevan la vida y la posibilidad de cruzar fronteras sin ser juzgades, marginades o rechazades por nuestro estado serológico.

Esta visión está guiada por la convicción de que la justicia social y los derechos humanos son el núcleo del cambio. Reconocemos que el derecho a la salud debe estar por encima de fronteras y no tener excepciones, y que la lucha contra el VIH solo será efectiva si se erradican las prácticas discriminatorias y se respeta la libre movilidad de todas las personas. El cambio que proponemos se sostiene en los principios de igualdad, solidaridad y dignidad.

Es necesario que el hecho de tener VIH no nos prive de disfrutar plenamente de todos nuestros derechos ni de desarrollarnos como personas. El cumplimiento de los derechos humanos ha de ser una tarea internacional y no puede depender de cada Estado, porque el VIH no entiende de fronteras, ni de estigmas.